Con la mirada puesta en el Congreso Argentino 

El 2025 puede ser un año clave para el sector energético argentino ya que los legisladores tratarían cuatro proyectos con la intención de fortalecer el sector de energías renovables, biocombustibles y el desarrollo del hidrógeno.

El año legislativo podría traer novedades de relevancia para el desarrollo energético argentino. Es que el congreso argentino avanzaría con leyes que intentarán dar un impulso al sector.  

Segun anticipó el portal Infoenergía se tratarían “cuatro proyectos legislativos que buscan fortalecer áreas estratégicas como las energías renovables, los biocombustibles y el desarrollo del hidrógeno”.  

Se trata de iniciativas impulsadas por diputados de La Libertad Avanza y que apuntan a garantizar la continuidad de negocios en sectores que han crecido gracias a leyes de incentivos. 

Las energías renovables será uno de los temas que esta nueva ley abarcaría con la intención de que las inversiones crezcan. La actual normativa, sancionada en 2015, expira a finales de este año y, aunque no se alcanzará la meta del 20% de energía renovable en la matriz eléctrica, el consumo podría aproximarse al 18% en 2025. 

El sector privado tiene dos puntos que entienden son claves: garantizar estabilidad fiscal, evitando la creación de nuevos impuestos, pero también que durante la próxima década el consumo de energías renovables sea del 30 por ciento. Sin embargo, los legisladores no estarían dispuestos a imponer cupos. 

Otro de los proyectos destacados es la creación de un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) adaptado al hidrógeno. Este marco regulatorio incluirá tanto el hidrógeno «verde», producido con energías renovables, como el «azul», derivado del gas natural, aprovechando los recursos de Vaca Muerta. 

El actual RIGI requiere que el 40% de las divisas de las inversiones se liquiden en los primeros dos años, lo cual resulta incompatible con el largo tiempo de maduración que exige la industria del hidrógeno, estimado entre 10 y 12 años. Este ajuste busca atraer capitales mediante reglas claras y previsibilidad, más allá de los incentivos fiscales. 

En paralelo, el Congreso también discutirá una ley para la trazabilidad de las emisiones de carbono. Este proyecto responde a la creciente demanda internacional de productos con bajo impacto ambiental, certificando emisiones mediante declaraciones juradas y la posibilidad de crear un mercado de bonos de carbono. 

La propuesta, que cuenta con aportes de exfuncionarios del área energética, podría posicionar a Argentina como un actor competitivo en mercados que valoran la sostenibilidad. Sin embargo, dentro del Gobierno se manifiestan posturas críticas hacia la narrativa global sobre el cambio climático, apostando por un futuro prominente para el petróleo. 

Por su parte, los biocombustibles también tendrán un lugar destacado en la agenda legislativa. La nueva normativa obligará a las petroleras a incrementar el porcentaje de biodiésel en el gasoil al 10% y de bioetanol en la nafta al 15% para 2027, frente al 7,5% y 12% actuales, respectivamente. 

Este cambio busca dar mayor protagonismo a los biocombustibles en la matriz energética nacional, fortaleciendo la industria local y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. No obstante, el sector deberá enfrentar el desafío de adaptar su infraestructura y garantizar la competitividad de los productos. 

En este contexto, los legisladores destacan la importancia de generar un entorno de estabilidad y confianza para atraer inversores y potenciar las oportunidades en el sector energético. Las reformas no solo buscan beneficios económicos, sino también alinear las políticas energéticas de Argentina con las exigencias ambientales internacionales. 

El tratamiento de estos proyectos marcará un punto de inflexión para el desarrollo energético del país. Las iniciativas buscan garantizar la continuidad de sectores clave, promover nuevas inversiones y posicionar a Argentina como un actor relevante en la transición energética global. 

Los desafíos son significativos, pero la oportunidad de consolidar un sector energético diversificado y sostenible podría traer beneficios económicos y ambientales a largo plazo. La atención estará puesta en el debate parlamentario y en la capacidad de los legisladores para consensuar marcos normativos que equilibren los intereses públicos y privados. 

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